Querella española por la prisión de Guantánamo
La fiscalía
examina la demanda criminal
presentada ante Garzón
contra el equipo jurídico
de Bush. Los abogados esgrimen
que la tortura es un delito contra la comunidad internacional.
PERE RUSIÑOL - MADRID - 28/03/2009 08:00
George W. Bush puede seguir descansando
en Texas, pero deberá tener al menos un ojo puesto en España:
un grupo de abogados ha presentado a la Audiencia Nacional la primera querella criminal contra algunos miembros de su Gabinete por el atropello de derechos básicos internacionales y torturas en la base de Guantánamo.
La querella,
presentada el 17 de marzo, está ya en la mesa del juez Baltasar Garzón.
Y aunque formalmente aún no la ha aceptado a trámite, ya ha tenido consecuencias: fuentes jurídicas explican que el juez ha emitido una providencia en la que pide a la fiscalía
que examine la querella, que no va directamente
contra Bush sino contra el equipo
de abogados de la Casa Blanca y el Pentágono que construyó
todo el andamiaje que justificó Guantánamo y el uso de la tortura en la "guerra contra el terrorismo".
La querella
está impulsada por cuatro abogados
Gonzalo Boyé, Isabel Elbal,
Luis Velasco y Antonio Segura con experiencia en causas de delitos contra la humanidad, que no se circunscriben al lugar donde se cometen sino que, por
su gravedad, son perseguibles en todo el mundo. El equipo jurídico es el mismo que promovió
la querella contra el ex ministro
de Defensa israelí Binyamin
Ben Eliezer por su responsabilidad en la muerte de los 14 civiles en un bombardeo en Gaza en julio de
2002. Esta última querella ya fue
admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, lo que provocó la indignación del Gobierno israelí.
La nueva
querella presentada obligará a la Audiencia Nacional a abordar
el caso sobre Guantánamo en
nombre de la jurisdicción
universal al considerarse pisoteados
principios fundamentales como el rechazo de la tortura. Pero los querellantes han encontrado una fórmula para encontrarle
conexión también con España y reforzar así sus posibilidades:
recuerdan que el juez Baltasar Garzón
abrió procedimientos contra
cinco personas por su presunta vinculación
a una eventual célula española de Al Qaeda Lahcen Ikassrien, Hamed Abderrahman Ahmed, Reswad Abdulsam, Abu Anas y Omar Deghayes y que pasaron por Guantánamo. Los cinco fueron finalmente
absueltos por el Tribunal Supremo al considerar precisamente que no podían tenerse en cuenta las declaraciones
sonsacadas bajo tortura en Guantánamo.
Esta conexión es la que ha dado pie a Garzón a reabrir ese caso y a pedir
a la fiscalía que se pronuncie sobre si la nueva querella
lo altera en la medida en que
habría que enjuiciar a los responsables de las torturas, que
fueron determinantes para la sentencia. Ésta sería una
vía para vehicular la querella. La otra sería admitirla a trámite como una
causa independiente.
El único
precedente a la querella presentada ante la Audiencia Nacional se dio en Alemania en 2006 y fue archivada. Pero en aquella ocasión se apuntaba directamente a lo más alto Bush y a su hombre en el Pentágono, Donald
Rumsfeld y por acusaciones
tan globales y filosóficas que acabó en nada.
La querella
presentada ahora en Madrid es mucho más concreta
y posibilista. No señala directamente al primerísimo nivel, sino a los juristas que elaboraron
por escrito toda la doctrina que argumentaba que las normas
internacionales del trato a
los prisioneros debían suspenderse como consecuencia de la excepcionalidad
de la "guerra contra el terror" emprendida tras el 11-S.
Los acusados
son Alberto Gonzales, asesor de Bush cuando se diseñó la nueva política y posteriormente fiscal general; David Addington,
consejero del vicepresidente,
Dick Cheney; William J Haynes, consejero del Departamento de Defensa, que dirigía Donald Rumsfeld;
Douglas Feith, subsecretario
para asuntos legales de Defensa, Jay S. Bybee, asistente del fiscal
general, y John Yoo, otro asistente jurídico del primer Gobierno de Bush, el que creó Guantánamo.
Expertos consultados ajenos a la querella subrayan que tiene
muchas más posibilidades de prosperar que en Alemania precisamente porque no se apunta tan alto. Obviamente, dirigentes de más rango podrían incluirse
si la causa finalmente se aceptara a trámite, como queda
claro en la propia querella: "Sin perjuicio de las personas que posteriormente, y avanzada la investigación, puedan aparecer también como responsables de los hechos aquí expuestos".
Los mismos
expertos recalcan otro elemento distinto
con respecto a Alemania: la legislación española es mucho más abierta a investigar
violaciones contra la ley internacional en todo el mundo, como ha quedado claro con los procesos abiertos contra dictadores latinamericanos, la guerra de los Grandes Lagos y la actuación israelí en Gaza, entre otros. En España, la legislación universal es absoluta, lo que hace mucho más fácil que se admita
a trámite.
Memorandos
internos
La querella
aporta algunos memorandos internos recientemente desclasificados del
equipo de juristas de Bush
en el que se detalla la nueva política de situar la "guerra contra el terrorismo" al margen de los
tratados internacionales suscritos por EEUU,
como las Convenciones de Ginebra, en las que se regula
el trato que debe darse a los detenidos, o la Convención contra
la Tortura.
El documento,
de casi 100 páginas, constituye una crónica exhaustiva de cómo la Administración de Bush armó un nuevo corpus legal que echó por
la borda toda una tradición legalista
de más de 200 años. Los documentos muestran que los asesores de Bush conocían la ley internacional y la violaban conscientemente, según los querellantes.