México sucumbe al poder de los narcos

Editorial

04/10/2011

MARCELINO Ebrard, el alcalde de la ciudad de México que aspira a presentarse como candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales del año próximo, afirma que la guerra contra el narcotráfico en su país no se puede ganar sin la ayuda de los Estados Unidos. Esta es una verdad incómoda para ambos países.

Para México, la ayuda directa de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, con el envío de tropas, como ha propuesto el gobernador de Texas, Rick Perry, supondría una grave intromisión en su soberanía. Para los propios Estados Unidos, una propuesta como la citada, comportaría un claro enfrentamiento con el imperio del narcotráfico latinoamericano en un país vecino, con el riesgo de una grave escalada de la violencia demasiado cerca de la frontera de Río Grande, que podría llegar a extenderse incluso al propio territorio estadounidense.

Pero el narcotráfico es un problema de ambos países. La expansión de su poder en México tiene su origen, precisamente, en el consumo de drogas en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos controlan la práctica totalidad de la distribución y venta de la droga en el mercado estadounidense desde la caída de los cárteles colombianos de Cali y Medellín en los años noventa. Eso supone un enorme volumen de dinero que explica el gran poder que han adquirido.

El crimen organizado mexicano contabiliza ya 35.000 muertes, entre delincuentes, policías, militares y civiles, desde que en 2006 el gobierno federal decidió declararle la guerra con la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Esta cifra de víctimas refleja la sangrienta capacidad de esos grupos criminales para defenderse, para luchar entre sí por el control del territorio y para mantener su imperio del terror.

Los cárteles de la droga y toda su red delictiva, según algunos informes de agencias privadas, se habrían apoderado ya de amplias bolsas del territorio, que equivaldrían a un 30 por ciento de la superficie del país, en donde el Estado es totalmente incapaz de garantizar la vida y las propiedades de los ciudadanos, mantener el control de las carreteras y asegurar el funcionamiento de los propios servicios administrativos.

La citada propuesta del gobernador de Texas de enviar tropas debe contemplarse bajo un prisma electoral, porque Rick Perry es uno de los aspirantes a la nominación presidencial por los republicanos. El trasfondo, sin embargo, es el hartazgo de Estados Unidos ante la ineficacia de México y sus instituciones para hacer frente a los narcotraficantes. Hay más de 80.000 efectivos movilizados en la lucha contra el narcotráfico, pero su labor se ve mermada por la corrupción generalizada, la rivalidad existente entre los diversos cuerpos de seguridad y la incapacidad del ejército para vencer en esta lucha sin cuartel, entre otras cosas porque los militares no saben reunir pruebas para incriminar a los detenidos. Hay más de 120.000 narcotraficantes en las cárceles pendientes de juicio.

México corre el riesgo de convertirse en un creciente Estado fallido frente al progresivo poder de la delincuencia y del crimen organizado. Pero la lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque internacional, del que Estados Unidos, como primer mercado de consumo de drogas, no puede desentenderse. La solución requiere un planteamiento global más que un mero envío de tropas estadounidenses a ese país.