La SOPA y la doble cara de la propiedad intellectual

La protesta que se desarrolló ayer contra la iniciativa de Ley para Detener la Piratería en Línea (SOPA, por sus siglas en inglés), que se discute en el Congreso de Estados Unidos, reunió el apoyo de unas 60 mil páginas web tan sólo en ese país, entre las que destacaron portales como Wikipedia, Google, Youtube y Amazon. A las expresiones de rechazo se sumaron también unos 50 legisladores de distinto signo político, e incluso los senadores republicanos Marco Rubio y John Cornyn, quienes se habían desempeñado como dos de los principales impulsores de SOPA, retiraron su respaldo a la iniciativa.

Es importante recordar que las referida propuesta legislativa, en caso de ser aprobada, impondría a los proveedores de Internet en el vecino país la responsabilidad de vigilar y detectar páginas que compartan contenido considerado ilegal –imágenes, música, videos o textos protegidos mediante derechos de autor–; obligaría a buscadores como Google a eliminar esas páginas; permitiría al gobierno de Washington, mediante su Departamento de Justicia, cerrar sitios alojados en servidores de ese país sin orden judicial alguna, e incluso colocaría en riesgo de ir a la cárcel a muchos usuarios que compartan –en páginas personales, redes sociales o correos electrónicos– vínculos o contenidos copiados sin permiso, aun en el caso de que no busquen beneficiarse económicamente con su distribución.

El correlato de este intento por coartar la libre difusión de información en Internet es un sistema de propiedad intelectual que, ante todo, favorece a las grandes corporaciones y obedece a una lógica de saqueo. En consonancia con el desarrollo del modelo económico depredador vigente, las potencias económicas y militares del orbe han impuesto en los países periféricos la obligación de respetar y homologar las normativas en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, y ello ha propiciado que corporaciones trasnacionales se hagan, por medio de patentes, de títulos de propiedad de especies vegetales, de genomas humanos, de iconos religiosos y de manifestaciones culturales de diversa índole que en muchos casos son producto del trabajo desinteresado de numerosos individuos y colectivos.

Así pues, más que el control o el combate de la piratería o la pretendida defensa de puestos de trabajo en las industrias culturales, el motivo evidente de la legislación referida es la defensa de los intereses de grandes compañías musicales, editoriales, cinematográficas, farmacéuticas, entre otras, sin importar que con ello se llegue a extremos irracionales como la virtual paralización de la red.

Por desgracia, la pretensión de poner marcas de propiedad a los contenidos de la web no se circunscribe a Estados Unidos, sino se extiende a países como España, con la denominada Ley Sinde, aprobada en marzo del año pasado, e incluso a México, con la presentación, a instancias del panista Federico Döring, de un proyecto de reformas a las leyes Federal de Derecho de Autor y de la Propiedad Industrial que, de acuerdo con diversos especialistas, es una versión mexicana de la SOPA.

En una circunstancia en la que Internet se ha vuelto un medio fundamental para la creación, difusión y almacenamiento del conocimiento humano, los diversos actores sociales, políticos, científicos y empresariales que actúan en la red debieran cuando menos ponderar si la defensa de su beneficio individual en materia de propiedad intelectual atenta o no contra el interés de la colectividad.

Cabe esperar que en los congresistas estadunidenses prevalezca un mínimo de sensatez política y que rechacen la aprobación de una medida que no sólo sería un error monumental de cara a las elecciones federales de noviembre próximo en ese país, sino afectaría al conjunto de los usuarios de la red en el mundo e implicaría un retroceso en las libertades y en el desarrollo del conocimiento y la cultura de las sociedades contemporáneas.