Guerra antidrogas:
debate necesario
EDITORIAL
La reunión
celebrada ayer entre los gabinetes de seguridad de México
y Estados Unidos, que en las horas
recientes generó expectativas dado el nivel de la delegación visitante –integrada por la secretaria de Estado del vecino país, Hillary Clinton; la secretaria
de Seguridad Interior, Janet Napolitano; el secretario de Defensa, Robert
Gates; el director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, y el jefe
del Estado Mayor Conjunto, Michael Mullen– y por producirse días después del asesinato de tres funcionarios del consulado estadunidense en Ciudad Juárez, concluyó sin que se concretaran –según puede verse– los temores de una nueva escalada
injerencista de Washington, pero
también sin que aparecieran soluciones verosímiles a la gravísima crisis
de seguridad pública que padece nuestro
país.
Según informó la canciller Patricia Espinosa, en el cónclave
se acordó iniciar una "nueva etapa" de la Iniciativa
Mérida que incluirá una estrategia de desarticulación de las organizaciones delictivas en
ambos países, el desarrollo
de una "frontera segura" y la adopción de medidas de "apoyo mutuo para fortalecer
a las instituciones de seguridad de México y Estados Unidos". Por su parte, Hillary Clinton reconoció
la cuota de responsabilidad
que corresponde a su gobierno por
el contrabando de armas a
México y por la insaciable demanda de drogas ilegales en el vecino país, en un gesto sin duda plausible, pero insuficiente: las autoridades estadunidenses tendrían, además, que emprender acciones
serias y comprometidas
contra el tráfico de estupefacientes
en su propio territorio, donde la mayor parte
de la droga procedente de Latinoamérica sigue llegando a manos de los consumidores, y contra el inocultable
flujo de dinero producto de ilícitos que tiene lugar
en el sistema financiero
del país vecino.
El telón
de fondo de la dificultad para concebir y aplicar medidas eficaces contra el narco parece ser la falta de una estrategia clara en la materia por parte de la administración de
Barack Obama: concentrado en los asuntos
domésticos y en la guerra
de Afganistán, el ocupante
de la Casa Blanca ha dejado el tema
abandonado a la inercia y da la impresión de que no le queda más remedio que
respaldar el plan calderonista,
pese a que éste ha demostrado ser poco efectivo y hasta contraproducente en el combate al trasiego de drogas y a la violencia.
En tal
circunstancia, las autoridades mexicanas no debieran esperar más de las estadunidenses
en el ámbito de la lucha
contra el crimen organizado.
Ante la inoperancia de la política
de seguridad vigente, es deseable, en cambio, que las
autoridades promuevan un
debate nacional sobre el tema, a fin de formular una estrategia de seguridad basada en consensos, y que muestren voluntad política para escuchar
las opiniones de académicos, economistas, expertos en salud y seguridad pública, así como a las
organizaciones surgidas de poblaciones agraviadas por el baño de sangre, a los familiares de las víctimas inocentes
y a los representantes de comunidades
desintegradas por la violencia. El gobierno federal no
logrará el respaldo de la sociedad si no abandona la cerrazón que ha mostrado ante las demandas y los reclamos de la población.
Ese respaldo no podrá lograrse si siguen produciéndose
episodios como el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el fin de semana
pasado –sin que las autoridades hayan logrado dar
hasta ahora una explicación convincente de los hechos–, y como el homicidio del presunto narcomenudista José Humberto Márquez Compeán, quien tras haber sido
detenido en Santa Catalina, Nuevo León, apareció muerto en un lote baldío con huellas de tortura. Hechos como los referidos favorecen nuevos fracasos en el combate a la delincuencia, y mientras esos vicios
no se corrijan, no habrá política nacional ni acuerdo bilateral que basten para
contener el derramamiento
de sangre en el país.