Gonzales y el fin de la justicia en EU

Editorial

El alivio que provoca el anuncio de la renuncia de Alberto Gonzales al Departamento de Justicia de Estados Unidos no es suficiente para contrarrestar la enorme destrucción causada por ese funcionario al sistema de justicia del país vecino, a las libertades y garantías individuales y a la causa de los derechos humanos. Primero como consejero legal de George W. Bush, y posteriormente como secretario de Justicia, Gonzales, primer estadunidense de origen mexicano que ocupó el cargo, fue el operador de un retroceso de décadas en la institucionalidad y la democracia de esa nación, y llevará mucho tiempo y mucho trabajo legislativo reparar la vasta regresión legal causada por él.

Ciertamente, Gonzales no actuó solo ni le corresponde la responsabilidad primordial por las graves distorsiones a la legalidad introducidas durante el gobierno de Bush. Fue, simplemente, el brazo ejecutor del grupo de neoconservadores fanáticos que se hicieron con el máximo poder de la superpotencia –y del mundo, por extensión– en el impugnado proceso electoral de 2000.

Ha de recordarse que, como consejero presidencial, el ahora dimitente desempeñó un papel clave en la elaboración de la vertiente judicial de la llamada “guerra contra el terrorismo” lanzada por Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta vertiente tiene su expresión más deplorable en la llamada Ley Patriótica, aprobada por el Congreso en octubre de ese año, en el contexto de la histeria generada por los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono. El documento legalizó, entre otras cosas, el espionaje sin orden judicial de ciudadanos estadunidenses, los allanamientos de morada y la detención por tiempo indefinido y sin derecho a juicio de extranjeros que a ojos de las autoridades resultaran sospechosos de terrorismo. Además de promover esa legislación, Gonzales redactó un documento en el que recomendaba desconocer las directivas de la Convención de Ginebra en materia de prisioneros de guerra con el fin de dar a los militares y funcionarios civiles estadunidenses un amplio margen para maltratar a los capturados y someterlos a tormentos “moderados”.

Semejantes retrocesos judiciales generaron un retroceso moral catastrófico en la sociedad del país vecino y una relativización de axiomas éticos y humanitarios que dio pie a muchos líderes de opinión a sostener que la tortura era aceptable si se infligía a terroristas. En los hechos, este clima represivo y bárbaro se tradujo en las atrocidades perpetradas en Abu Ghraib, Guantánamo y otros centros de detención de las fuerzas armadas estadunidenses, así como en la creación de una vasta red gubernamental dedicada al secuestro, el traslado aéreo, el tormento y el cautiverio de innumerables sospechosos de terrorismo en Europa, Asia y Africa.

Con tales antecedentes, Gonzales llegó al Departamento de Justicia en febrero de 2005, y ejerció ese cargo con un claro sentido partidista y en un espíritu de completo sometimiento a Bush. Durante su gestión, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas ) fue acusada de aplicar la Ley Patriótica de manera abusiva e ilegal, y el Departamento de Justicia se convirtió en una gigantesca tapadera de las acciones turbias del presidente y el vicepresidente. Un incidente en el que se evidenció con particular claridad la mentalidad autoritaria y dictatorial del funcionario fue su declaración de que en Estados Unidos el habeas corpus carecía de rango constitucional, opinión que escandalizó a los juristas de la nación vecina.

La gota que colmó el vaso fue el despido de ocho fiscales que habían observado una conducta imparcial y apartidista, y su remplazo por incondicionales de Bush y del Partido Republicano. Esta acción colocó a Gonzales en la mira del Capitolio y lo llevó a comparecer ante comisiones legislativas, donde se puso de manifiesto el abrumador desprestigio del funcionario. Como ha ocurrido con otros colaboradores de Bush –Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton–, se aferró al puesto más allá de lo que aconsejan la decencia política y la dignidad personal.

Bush es el responsable principal del trágico retroceso de las libertades y garantías individuales en Estados Unidos y en el mundo en lo que va de esta década; Gonzales será recordado como el ejecutor clave de ese retroceso.