Espionaje, Obama y libertad de prensa

Editorial

La CIA y la Administración Obama deberían, antes de rastrear a los periodistas y coartar su libertad de prensa, limpiar su propio departamento, que no pasa por un buen momento.

Ninguno de los pasos seguidos por la Administración Obama deja de sorprendernos. Sus constantes ataques al derecho a la vida o la forma en la que oculta y manipula verbalmente el ataque terrorista del que fue objeto el Consulado General de Estados Unidos en Bengasi (Libia), que causó la muerte su embajador, es buen ejemplo de ello. Ahora las escuchas e intervenciones de las llamadas de periodistas nos recuerdan modelos de actuación del socialismo más rancio, e incluso, a episodios vividos en España.

El caso es que el Gobierno de Estados Unidos obtuvo los historiales de llamadas desde las oficinas de la agencia Associated Press, en lo que es una clara interferencia de la Administración Obama con la libertad de prensa. Ha tenido, además, acceso al historial de llamadas durante los meses de abril y mayo de 2012 de hasta 20 líneas telefónicas en tres de sus oficinas, entre ellas las de Nueva York y Washington, donde trabajan más de cien personas.

Es verdad que la intención era averiguar quién reveló a la agencia de noticias datos sobre una operación de la CIA en Yemen, y por tanto, en principio, se trataba de un asunto de seguridad nacional. Pero también lo es que la CIA y la Administración Obama deberían, antes de rastrear a los periodistas y coartar su libertad de prensa, limpiar su propio departamento, que no pasa por un buen momento. Su último batacazo –el atentado de Boston– donde fueron incapaces de prever la que se venía encima, a pesar de haber sido advertidos en más de una ocasión por los servicios secretos rusos, ha dejado a la agencia y a los servicios de seguridad y contraespionaje malheridos.

Y la solución no puede ser la de atacar al periodista y al medio de comunicación, ya que eso significa atacar a la libertad y, por ello, hemos de ratificar el comunicado de la agencia donde sostiene que el Gobierno no tiene ningún derecho a conocer “fuentes confidenciales involucradas en todas las actividades de AP… dar a conocer el protocolo de funcionamiento de la agencia, así como información sobre actividades y operaciones”. El departamento de Hacienda, persiguiendo a los miembros del Tea Party, es otra muestra de que en democracia, también se puede vivir bajo presión de los poderes del Estado.