El asesinato en la zotehuela de EU

José Contreras

Este viernes, a la hora en que empiece a amanecer, se habrán multiplicado las voces de legisladores, integrantes de organizaciones sociales y de otros sectores de la sociedad que exigen que el agente de la patrulla fronteriza que asesinó al joven mexicano en nuestro territorio sea extraditado y juzgado aquí.

Pero el ruido ensordecedor de la algarabía en el Estadio Soccer City, en donde se jugará el partido inaugural del Mundial de Futbol de Sudáfrica, no permitirá ni al presidente Felipe Calderón ni a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, escuchar esas voces que claman justicia.

De acuerdo con un reporte del Servicio Médico Forense de Chihuahua, el joven de 15 años de edad, Sergio Adrián Hernández Güereca, fue asesinado por disparos que le hicieron “de cerca” con un arma de fuego de calibre 40.

Hay diversos testimonios que coinciden en que el agente de la patrulla fronteriza rebasó aproximadamente 20 metros la línea divisoria y ya dentro de territorio mexicano, disparó a quemarropa en contra del menor.

La respuesta de la Cancillería a esta agresión ha sido débil y sumisa, pues hasta el momento no ha pasado de la condena del asesinato y del envío de una nota diplomática en la que exige “una investigación expedita”.

La Cancillería respondió al asesinato del joven Sergio Adrián en forma protocolaria, mediante un formato o machote que también hubiera servido para condenar otro tipo de violación a las garantías individuales de menor trascendencia.

La SRE no debe exigir al gobierno de Estados Unidos una investigación, pues el crimen se cometió en territorio mexicano, que, por la sumisión del gobierno federal, está a punto de convertirse ya no en el traspatio, sino en la zotehuela de Estados Unidos.

Debido a que el asesinato ocurrió en zona federal, la PGR realizará la investigación del homicidio de Sergio Adrián Hernández.

Al seguir los procedimientos ordinarios de toda averiguación previa, la PGR deberá concluir con la identificación del o los presuntos responsables y la solicitud de una orden de aprehensión a un juez.

Si el o los presuntos responsables se encuentran en otro país, entonces la PGR debe solicitar, a través de la Cancillería, la extradición correspondiente.

La PGR no tiene opción. Está obligada a concluir con la averiguación previa –una vez que reciba el desglose de la Procuraduría de Chihuahua- y el Código Federal de Procedimientos Penales la obliga a solicitar la extradición de un presunto delincuente que se encuentre en otro país.

La exigencia de que el agente fronterizo que mató a Sergio Adrián sea extraditado no es producto de un exacerbado fervor patriótico derivado del Mundial de Futbol, ni del año de los centenarios.

Esa exigencia nace de la necesidad de que el Estado mexicano promueva una muy elemental justicia en el asesinato a quemarropa de un connacional en nuestro territorio.

Cuando en marzo de este año tres estadunidenses ligados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez fueron asesinados, el gobierno de aquel país reaccionó de manera virulenta con declaraciones que hablaban de una “cacería” en contra de los asesinos y de “regresar el imperio de la ley” a México.

Y enviaron a nuestro país a decenas de agentes de 7 corporaciones policiacas para investigar en nuestro territorio el asesinato de sus connacionales.

Sería demasiado pedir que el Estado mexicano actúe de la misma manera, pero sí podemos exigirle que con base en nuestras leyes y con base en el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, solicite la extradición del agente que mató al joven Sergio Adrián, cuya identidad –del agente, claro- ni siquiera conocemos