Tragedia humanitaria

Martín Espinosa

01/07/2014

En las últimas semanas ha cobrado notoriedad el recrudecimiento de un fenómeno que por años se ha convertido en un flagelo de los pueblos latinoamericanos y que ha golpeado durante décadas al pueblo estadunidense por las implicaciones que ello representa: la migración de miles de personas hacia Norteamérica.

A raíz de una llamada de atención del presidente estadunidense, Barack Obama, en torno del alarmante incremento de niños que sin compañía de algún familiar se aventuran a cruzar la frontera de México con la Unión Americana y son detenidos y llevados, algunos de ellos, a Centros Migratorios, y otros, deportados a sus países de origen, el problema comenzó a mencionarse con mayor insistencia.

Un informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados revela que por lo menos 58% de los menores que tratan de cruzar al otro lado de la frontera mexicana ha sido desplazados de manera “forzada” por enfrentar algún tipo de peligro como la violencia y las amenazas que viven en sus países. 22% de esos menores de edad declaró haber sufrido violencia en sus hogares, ejercida por la persona encargada de cuidarlos.

Otro dato aterrador: de los niños mexicanos que han sido deportados 38% denunció haber sido víctima del reclutamiento y explotación por parte de grupos criminales. Solamente en los últimos ocho meses 52 mil niños migrantes han sido detenidos en Estados Unidos; una verdadera tragedia humanitaria.

Ante esta realidad, ¿qué están haciendo el gobierno de México y los de otros países de Centroamérica para solucionar la situación?

La respuesta es, sin duda, nada o muy poco. Simple y sencillamente en los últimos años la política migratoria de nuestro país oscila entre la inacción y la corrupción de las autoridades encargadas de los asuntos migratorios. Sólo para que usted se dé una idea, estimado lector, de la magnitud del problema, el Instituto Nacional de Migración maneja anualmente un presupuesto de más de dos mil millones de pesos con alrededor de cinco mil 800 trabajadores. Con esa infraestructura apenas y atiende cinco por ciento del total de migrantes centroamericanos que enfrentaron algún problema al momento de cruzar el territorio nacional para tratar de llegar a Estados Unidos.

En contraste, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, muchas de las cuales trabajan de la mano de la Iglesia católica, atienden a 25% de quienes sufren toda clase de vejaciones en el territorio mexicano, principalmente a manos de grupos del crimen organizado o de los propios agentes migratorios coludidos con las mafias de “polleros”.

Es evidente que el problema no se va a solucionar con la visita de funcionarios mexicanos a los centros de detención migratoria de EU para pedirle al gobierno estadunidense que no “viole” los derechos humanos de centenares de niños que se encuentran en esos sitios a la espera de resolver su situación. Es más, al gobierno de Obama le costará este año alrededor de dos mil 800 millones de dólares la manutención de esos menores, monto que supera hasta en nueve veces la ayuda de 253 millones de dólares que el pasado 20 de junio anunció el vicepresidente Joe Biden para el desarrollo y el combate al crimen en Centroamérica. La situación ya ha colocado en pugna a los Republicanos del congreso estadunidense con el mandatario demócrata.

Lo cierto es que en México no hay una política migratoria encaminada a atajar a fondo el problema. Reflejo de ello es la poca o nula atención que se ofrece a los migrantes que cruzan el territorio nacional en su camino a Estados Unidos. Es más, las estaciones migratorias ubicadas en varias zonas del país están en condiciones tan deprimentes que en nada garantizan una atención a fondo del problema. En su informe más reciente sobre la materia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece lo siguiente: “La CNDH externa su gran preocupación por el alto índice de marginación y malos tratos que sufren los migrantes durante su estancia en las estaciones migratorias del país y lugares habilitados como tales, y por la falta de interés o la incapacidad de la autoridad responsable para abatir este fenómeno que no ha sido atendido”.

Hoy, el problema alcanza tintes de verdadera tragedia humanitaria.