Armas y drogas: doble tráfico
mortal
El gobierno
mexicano debiera recurrir a instancias
internacionales para demandar castigo a los responsables de “rápido y furioso”.
Jesús
Ortega Martínez*
Cuando se cuestiona al Presidente acerca de su estrategia de combate al crimen organizado, él, invariablemente, replica con una pregunta: ¿En qué consistiría una estrategia diferente para lograr seguridad
a las y los mexicanos y para detener la violencia que horroriza día
a día al país?
Calderón siempre
pregunta esto y, diversos sectores de la sociedad, desde analistas especializados hasta la oposición política, dan respuestas
diversas, muchas de las cuales son acertadas, pero que además son indispensables para lograr eficacia
en la acción punitiva del Estado contra los delincuentes. Una de ellas y quizás
la más urgente de aplicar, es la de detener el flujo de armas desde Estados
Unidos hacia nuestro país. Esta
exigencia, ya generalizada en México, debe atenderse de inmediato, pues es la causa
principal del recrudecimiento
de la violencia y de la irracionalidad
y el salvajismo en que se manifiesta.
Se sabe
que la grave situación de inseguridad en el país es resultado de un doble tráfico:
el de las drogas desde México y otros países hacia Estados
Unidos y, el de las armas, desde Estados
Unidos hacia México. Las
dos formas de tráfico son negocios extraordinariamente redituables en miles de millones
de dólares y, sin embargo, los
efectos de este
doble trasiego son resentidos, de manera brutal, principalmente en México.
Los gobernantes
norteamericanos han
asumido que la actividad de los cárteles de la droga mexicanos es ya
un asunto de su seguridad nacional. No les falta razón y actúan
en consecuencia, pero esos mismos gobernantes
olvidan que la actividad y el negocio de los cárteles estadunidenses
del tráfico de armas, aparte de propiciar una irrefrenable violencia en México, también son causa de la creciente debilidad del Estado mexicano. Obama, el Departamento
de Estado y los líderes del Congreso
de Estados Unidos, literalmente juegan con fuego e irresponsablemente alientan el enorme y creciente deterioro del Estado mexicano, lo que impacta de manera directa en la frágil seguridad de su propio país.
Una muestra de tal irresponsabilidad e inconciencia es la operación “rápido y furioso” que, impulsada
por la Agencia Federal de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadunidense (ATF), permitió la entrega de miles de armas de procedencia norteamericana a los narcotraficantes mexicanos. Tal operación, ahora se sabe, fue diseñada
e incluso financiada por la DEA y el FBI.
Esta
información, que es ya conocida
en el Congreso de Estados Unidos, debiera ser motivo de indignación en México y
suficiente para que el gobierno de Calderón, amparándose en el derecho internacional, exija una explicación ante una evidente trasgresión
a nuestras leyes y una grosera violación
a nuestra soberanía.
El gobierno
mexicano debiera recurrir a instancias internacionales para demandar castigo a los responsables de “rápido y furioso” pero, además, reclamar
la acción del gobierno de
Obama en contra de los traficantes
de armas, sean éstos estadunidenses o mexicanos.
Si no se pone un alto al tráfico de armas hacia territorio mexicano, la inseguridad y la violencia continuarán creciendo ante la impotencia de las autoridades de nuestro país.
*Integrante
del PRD
http://ortegajesus.blogspot.com/