Los conflictos armados en México
Jorge Luis Sierra
Los niveles
tan altos de violencia en México obligan
a analizar la lucha contra
el narcotráfico no sólo como la mera aplicación
de la fuerza gubernamental,
sino como la expresión de un conflicto armado que ocurre
dentro del territorio nacional y ha provocado la muerte de más de 34 mil personas
y el desplazamiento forzado
de más de 230 mil individuos
en los últimos cuatro años y medio.
Si analizamos la violencia en México a la luz del derecho internacional humanitario, México
tiene la concurrencia de
dos conflictos armados no internacionales de grandes dimensiones: uno consiste en el enfrentamiento entre las fuerzas
federales contra los grupos de la delincuencia organizada y otro en el enfrentamiento de los mismos cárteles entre sí.
Las consecuencias
han sido
devastadoras para la población
de los lugares donde ocurren las
hostilidades armadas. Según
estimaciones del Consejo Noruego para Refugiados, el conflicto armado en México ha arrojado el desplazamiento forzado de 230 mil
personas, la mitad de ellos
refugiados en Estados Unidos y la otra mitad como desplazados
internos en México.
Esa existencia de desplazados es una demostración adicional de que la violencia en México se ha acercado
al nivel de la guerra, tal como
la describen las convenciones de Ginebra de 1949 y
sus protocolos derivados.
El primer criterio
del derecho internacional humanitario para definir a un conflicto armado es que
el país alcance un mínimo de intensidad en las hostilidades armadas: al usar fuerza militar
en lugar de aplicar la mera fuerza policial,
México ha superado ese nivel mínimo de intensidad y cumple con el primer
criterio de los conflictos armados.
Otro
criterio es el número de bajas. Las normas
internacionales distinguen a
los conflictos armados de formas menores de violencia como disturbios o bandidaje, porque los primeros se caracterizan porque el número de bajas rebasa las mil muertes en combate al año. En México llevamos más de 34 mil en cuatro años, lo que sitúa
a nuestro país en la condición de un conflicto armado de gran envergadura.
Otros criterios del derecho internacional
humanitario tienen que ver con la existencia de partes en conflicto que adoptan
un nombre, poseen fuerzas armadas organizadas, actúan bajo una
estructura de mando y tienen la capacidad para llevar a cabo operaciones
de guerra.
Al responder a la ofensiva gubernamental, basada principalmente en la aplicación de las fuerzas armadas, el narcotráfico
se vio obligado a militarizar sus filas con la integración de soldados desertores y a adquirir dotaciones suficientes de armamento ligero para hacerle frente a las unidades
del Ejército y la Armada de México. Los decomisos de armas con capacidad para penetrar los chalecos blindados
de las tropas del Ejército o destruir
vehículos militares terrestres o aéreos corroboran ese criterio.
Casi un millón
de mexicanos están involucrados en forma directa en esos conflictos armados. La mayor parte de los 265 mil integrantes de las fuerzas armadas, más de 11 mil policías federales y cerca de 470 mil
personas que trabajan para
la delincuencia organizada participan en las hostilidades armadas, sin contar
con los miles de policías estatales o municipales coludidos con los narcotraficantes.
Estos números nos
dan una idea de la dimensión del problema.
Estamos ante conflictos armados de una envergadura similar a la que afectó a Guatemala o El Salvador en los
años 80, y necesitamos recurrir a las leyes del derecho
internacional humanitario, pues estamos observando
ejecución de prisioneros de
guerra, agresiones armadas
contra personal de la Cruz Roja y un número creciente de bajas colaterales. Lo que vivimos son los horrores de la guerra.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas