WikiLeaks: revelaciones dañinas, respuestas insuficientes
Manuel Camacho Solís
La publicación
de los documentos internos
del Departamento de Estado sobre
México equivale a un shock externo
sobre la política interna de nuestro país. La información no hará sino complicar
más aún el cierre de esta administración y aumentar las tensiones en el interior del gobierno. El control de daños que ha hecho el gobierno no es suficiente frente al perjuicio que le han causado. Debiera
considerar seriamente aplicar medidas correctivas de protección a las instituciones del Estado y ofrecer las disculpas
correspondientes a quienes
ha ofendido.
Si alguien
se hubiera dedicado a rastrear la información más inconveniente para el gobierno mexicano en los archivos del Departamento de Estado, le habría
costado trabajo encontrar un conjunto que le sea más adverso.
De poco
sirve sostener que el presidente Felipe Calderón
sí está comprometido
en la lucha contra el narcotráfico
si todo lo que lo acompaña muestra a su gobierno
como permeado por la incompetencia y la corrupción. La información muestra a Felipe Calderón como un
gobernante que no pone límites a la injerencia de Estados Unidos, no ha logrado coordinar a sus propias áreas
de seguridad y que está ausente de decisiones fundamentales que solamente a él corresponderían. Queda la impresión de que las principales
decisiones de seguridad interna las están
tomando áreas de gobierno de los Estados Unidos. Que a cuatro
años de gobierno cada dependencia marcha por su
lado, sin coordinación
entre la Defensa, Marina, Seguridad
Pública, Cisen y PGR, para ya
no mencionar otros espacios del gobierno y el complejo mosaico federal. Que decisiones tan importantes como la suspensión o no de garantías se resuelven entre las propias dependencias.
Lo peor
que se puede decir en medio de una “guerra” respecto
al mando es que no hay coordinación de sus fuerzas, que
está perdiendo control sobre porciones importantes de su territorio y que cuenta cada vez
con menos apoyo de su opinión pública.
Eso, se sabe, anticipa la derrota.
Los juicios
severísimos sobre el Ejército Mexicano y las comparaciones que hacen con la Marina no harán sino crear
tensiones adicionales en el
interior de las Fuerzas
Armadas. La información sobre
los reclamos de la Policía
Federal y el sistema judicial en nada ayudan al propósito de regresar el control a los espacios civiles.
Es urgente
preparar una política de protección institucional al Ejército (la Fuerza Aérea y la Marina) ante
los nuevos retos que enfrentan (derechos humanos, adaptación de sus funciones a nuevas realidades y presión internacional). La nación requiere de unas fuerzas armadas competentes, respetadas, cuya acción esté
ceñida y protegida por la Constitución. Si en algo México y sus Fuerzas Armadas tienen mucho que presumir es
que aquí se resolvió mejor que en otras partes
el problema del control civil y la lealtad.
Convendría que el propio
jefe del Poder Ejecutivo revisara las afirmaciones que lo involucran personalmente para corregir donde tenga que hacerlo.
Si, en efecto, Felipe Calderón sostuvo
ante un funcionario estadounidense
de alto nivel que el presidente Chávez podría haber financiado la campaña de Andrés Manuel López Obrador, cuando tiene todos los elementos para comprobar que eso
es falso, ¿qué perdería con disculparse públicamente, como lo ha hecho el propio gobierno de Estados Unidos con quienes ha ofendido por las filtraciones
de WikiLeaks?
Frente a un shock externo como el que representan
las filtraciones, el gobierno puede encerrarse en los formalismos y
en la inercia de sus políticas. Cometería un grave
error. Se necesita de una respuesta seria y digna, no de una declaración más. La mejor respuesta es reconocer y corregir. Hacerlo ahora. Hoy el directamente lastimado es el gobierno. Si nada se corrige, el costo será sobre
el conjunto de las instituciones y los liderazgos, incluyendo a quienes pretenden dentro de dos años gobernarlas.
Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México
(DIA)