Contactos de las Farc con EE.UU
Emisarios de la guerrilla han
buscado canales con funcionarios norteamericanos.
Por: María del
Rosario Arrázola / Juan David Laverde
Palma
El
Espectador pudo establecer que las Farc están
buscando canales informales a través de terceros que tienen
contacto con la Embajada de
Estados Unidos con el fin
de poner dos temas sobre la mesa: el escenario de la
extradición si es que se firma la paz y la posibilidad de que el condenado comandante de las Farc Ricardo Palmera Pineda,
alias Simón Trinidad, pueda
participar de las conversaciones en Cuba. Las fuentes
consultadas por este diario sostienen
que estos contactos han sido
esporádicos y muy básicos, y que las razones que
van y vienen buscan en esencia “tomarle la temperatura a Estados Unidos con respecto al proceso”.
Nadie habla formalmente de estos acercamientos, pero lo cierto es que
los hay, por lejanos e improbables que parezcan. El caso Simón Trinidad está completamente descartado. “Allí no hay nada que negociar”, le dijo a este diario una
fuente de alto nivel. Se refiere a que la suerte judicial del comandante guerrillero —detenido el 2 de enero de 2004 y extraditado el 30
de diciembre de ese año— ya fue
resuelta al ser sentenciado
a 60 años de prisión. La posición oficial del gobierno de EE.UU. ha sido una: apoyo
al proceso de paz. En lo que concierne a la extradición, el tema debe resolverlo el gobierno colombiano como Estado soberano.
Entre
tanto, lo que está claro es
que, paralelamente a las negociaciones de La Habana, las Farc son conscientes
de que si se firma la paz, entregan sus
armas y se reincorporan a
la vida civil, deben tener un seguro extra para que su
suerte no sea la misma de
los extraditados comandantes
‘paras’, que también negociaron con el gobierno y que hoy purgan sentencias
de hasta 30 años por sus probados
nexos con el narcotráfico. Justamente el 29 de abril del año 2005 la corte del distrito de Columbia pidió la extradición de 49 jefes de las Farc por
el delito de tráfico de estupefacientes. Se documentó que los acusados controlaban todo el proceso del negocio ilícito.
Según el indictment, “al principio las Farc se dedicaron
a la comercialización de la cocaína,
cobrándoles un impuesto a
los que están involucrados en los aspectos de
la producción, como los agricultores de coca, los operadores
de laboratorios, los traficantes
que recibían el producto y los que operaban las pistas
clandestinas”. Pero, según Estados Unidos,
ese método cambió con el tiempo al punto de que en la década de los 90 la guerrilla, en sus
zonas de influencia geográfica, se declaró como la única compradora
de pasta de cocaína, producto
que negociaba directamente con mafias que la distribuían en EE. UU. y Europa.
Cuatro años más tarde, el 15 de mayo de 2009,
la misma Corte del distrito
de Columbia acusó a 18 líderes
de las Farc, incluida la holandesa Tanja Anamary Nijmeijer,
por el secuestro de los norteamericanos Keith Stansell,
Marc Gonsalves y Thomas Howes,
perpetrado el 13 de febrero
del año 2003, cuando la avioneta en la que viajaban en el sur del país fue derribada
por la columna Teófilo Forero de las Farc. Según
pudo determinar El Espectador, sumadas las dos acusaciones federales, en total a 64 guerrilleros
se les abrieron expedientes
en Estados Unidos. De ellos, 12 ya están
muertos (ver gráfico).
El
pasado lunes cayó el último de estos comandantes. Se trata de Ernesto Hurtado Peñalosa, alias El Negro Eliécer,
uno de los hombres más cercanos a Timochenko, responsable de la columna móvil Antonia Santos, que opera
en Norte de Santander. Se le responsabilizaba de haber ordenado la masacre de 34 personas ocurrida
en el Catatumbo en el año
2004, así como del ataque a una unidad
militar donde fueron asesinados 17 uniformados en 2006. “Es un golpe
muy importante, pues este individuo
era el socio de Megateo para
generar con el narcotráfico
recursos dirigidos a la organización terrorista”, señaló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
De
vuelta a las aproximaciones muy periféricas de emisarios de las Farc con enlaces que tienen comunicación
con la Embajada de Estados Unidos, fuentes consultadas confirmaron que estos contactos
muy básicos comenzaron a darse casi paralelamente a la instalación de la mesa de diálogos
en La Habana en noviembre pasado.
“Ellos tienen miedo de la extradición. Saben que los procesos
pendientes que tienen son prácticamente imposibles de negociar con Estados Unidos y, como se sabe, ese
país no negocia con terroristas”, advirtió otra fuente de alto nivel que pidió
reserva de su nombre.
Lo
demás son cálculos políticos. La visita del expresidente Bill Clinton; la declaración
del nuevo secretario de
Estado, John Kerry, quien dijo
que “cualquier negociación que fortalezca la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y que conduzca a la paz, es algo
bueno que merece nuestro respaldo”; y la carta que escribió un grupo de 62 congresistas norteamericanos respaldando el proceso en Cuba, son señales de que el tema de la paz también está
atravesado por EE.UU. Para más señas, a finales de este mes el vicepresidente Joe Biden
se reunirá con la plana
mayor del gobierno Santos. Por
descontado se da que La Habana estará en su agenda.
No
hay duda de que la extradición constituye uno de los principales fantasmas del proceso de paz. Iván Márquez,
Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, el Sargento Pascuas, John 40, El Paisa, Andrés París,
la misma Tanja y los demás guerrilleros que completan el listado de 52 jefes con cuentas pendientes en EE.UU., saben que
si no resuelven ese problema se les puede convertir en una sin salida en las negociaciones. Por eso una
fuente consultada no descarta que esos
contactos incipientes de las Farc hubieran
llegado hasta Washington.
Aunque no se ha discutido
formalmente el tema y el Gobierno ha dejado constancia de que no hace parte de la mesa de negociación,
el fantasma de la extradición
inevitablemente sigue rondando la trasescena de La
Habana. Hoy, 52 jefes guerrilleros
tienen cuentas pendientes con cortes federales de Estados Unidos por narcotráfico
y el secuestro de tres contratistas norteamericanos que duraron en cautiverio 65 meses. Sea lo que sea que termine
por convenirse, el destino de esos 52 comandantes del secretariado y el
estado mayor definirá la suerte de los casi 8.000 hombres que tiene la guerrilla.
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