Las razones de Estado

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN dado a conocer una serie de informaciones, provenientes de Estados Unidos, que tienen como común denominador el hecho de que a través de las denominadas "Razones de Estado" se terminan archivando o esquivando investigaciones sobre violación flagrante de los derechos humanos.

El tema no es nuevo y demuestra hasta dónde la desinformación y la manipulación de los argumentos permiten justificar cierto tipo de atrocidades.

El hecho más reciente es la publicación de las memorias de George W. Bush, Decision points (Momentos decisivos). En el libro se justifica la decisión de haber torturado prisioneros durante la guerra contra el terrorismo, con el peligroso argumento de que esto “ayudó a salvar vidas”. Un agudo periodista le preguntó si estaba de acuerdo con que dicha práctica se aplicara en algún otro país a ciudadanos norteamericanos peligrosos. Bush, desconcertado, eludió la respuesta. Que el ex presidente del país más poderoso del planeta continúe insistiendo en justificar hechos condenables es una afrenta a la civilidad y vulnera todas la normas internacionales de convivencia.

Vinculada con lo anterior, se conoció una información del Departamento de Justicia de dicho país, el cual decidió no presentar cargos contra un alto funcionario de la CIA que ordenó destruir 92 cintas de video con imágenes de torturas a presuntos miembros de Al Qaeda en 1992. Los videos eran la prueba de la forma arbitraria con la cual se aplicó el concepto del todo vale que ahora justifica Bush en su libro. A pesar de que continúa abierta una investigación para determinar si las prácticas fueron legales o no, no hay mayor optimismo en los grupos defensores de derechos humanos sobre resultados positivos.

Relacionada estrechamente con lo anterior está la publicación de documentos oficiales y reservados sobre la guerra en Irak a través de Wikileaks, donde se aprecia cómo funcionarios de distinto rango del país del norte han ignorado o consentido este tipo de perniciosas acciones, así como casos flagrantes de asesinatos de civiles por parte de sus propias fuerzas. Antes que dar explicaciones satisfactorias por los hechos denunciados, las autoridades han preferido criticar la filtración de los documentos y el hecho de que ponen en peligro la vida de las tropas. Es decir, todo indica que no va a pasar nada con las revelaciones.

O no tanto. Es probable que luego de 60 años se termine por dar excusas, como lo hizo recientemente el presidente Barack Obama, cuando llamó al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, para informarle que un estudio que adelantaron autoridades de su país entre 1946 y 1948 llevó a que cientos de guatemaltecos fueran infectados, sin su conocimiento ni consentimiento, con el virus de enfermedades venéreas para estudiar sus efectos y formas de combatirlas. Colom calificó el hecho como un “delito de lesa humanidad” y la Secretaria de Estado lo describió como un hecho “falto de ética y condenable”. Tiene razón y es loable su actitud. Sin embargo, la misma llega demasiado tarde, sin que haya a quien responsabilizar por los hechos acaecidos.

Curiosamente en nuestro país, donde tanto nos quejamos de la impunidad, avanzan las investigaciones por temas como el de las ‘chuzadas’, los llamados falsos positivos, la yidispolítica o Agro Ingreso Seguro, que involucran al alto gobierno. Asimismo, la actitud del Gobierno frente al caso de los niños asesinados en Tame, Arauca, ha sido objeto de reconocimiento por su celeridad y transparencia. Ese es el camino.

Será por todo lo anterior que frente a estos últimos hechos hay una sensación en Colombia de que, aunque estemos a la espera de definiciones judiciales, se avanza en investigaciones que podrían haberse enredado en el concepto de las razones de Estado, es decir, el pernicioso “tapen tapen”. De esta manera pareciera que nos alejamos de la frase de las inefables Tola y Maruja, al decir que en otros lares tienen tanta, pero tanta moral, que a veces tienen “hasta doble moral”.