Google ante la UE

 

Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto

 

25-02-10

 

EN el marco de la política de libre competencia, la UE ha abierto una investigación sobre determinadas prácticas de Google, a petición de tres empresas que denuncian su discriminación en los procesos de búsqueda y en la política de anuncios adosados. Google controla el 80 por ciento de las búsquedas que se realizan en Europa, por lo que una compañía penalizada por el buscador de forma injustificada sufre una pérdida objetiva en su posición ante el mercado. No es, por supuesto, el único problema jurídico que afecta ahora a Google, compañía inmersa en un proceso ante los tribunales italianos por la difusión de vídeos que podrían atentar contra la dignidad de la persona y que, además, se enfrenta al debate sobre los efectos jurídicos de la digitalización de libros y la circulación de noticias en relación con la propiedad intelectual y los derechos editoriales. Es lógico que Bruselas intervenga en materia de libre competencia, elemento sustancial del «mercado común» desde el origen mismo del proceso de integración, reforzado ahora por los criterios del Tratado de Lisboa. El procedimiento abierto podría concluir con una declaración de incompatiblidad y de prohibición con la finalidad de impedir la restricción o el falseamiento de la competencia.

 

Proporcionar de forma gratuita a los usuarios el contenido de los medios digitales es mucho más que ofrecer enlaces a los sitios informativos, por mucho que el buscador se defienda con argumentos formalistas. De hecho, su actividad le permite obtener ingresos mediante el patrocinio de determinados enlaces que se sitúan -lógicamente- en posición ventajosa sobre los demás. No es lícito aprovechar sin contrapartida el trabajo editorial ajeno, que supone la selección, elaboración y valoración de las noticias y que implica -como es natural- un esfuerzo para los medios de comunicación en recursos humanos y financieros. De ahí que la intervención de la UE sea una buena noticia para la formación de una opinión pública libre y el desarrollo de una competencia leal e igualitaria respecto de todos los operadores. Por tanto, habrá que seguir con la máxima atención un procedimiento que puede sentar un precedente decisivo.